Las nuevas normas introducen un modelo armonizado de representación en todos los Estados miembros que garantiza a los consumidores una buena protección frente a los daños masivos, pero también salvaguardias adecuadas para evitar acciones legales abusivas.

Todos los Estados miembros deben establecer al menos un mecanismo procesal efectivo que permita a las entidades habilitadas (como organizaciones de consumidores u organismos públicos) presentar demandas ante los tribunales para obtener medidas de requerimiento (cesación o prohibición) o de reparación (indemnización). La ley pretende mejorar el funcionamiento del mercado interior poniendo fin a las prácticas ilegales y facilitando el acceso de los consumidores a la justicia.

Con el modelo europeo de acción colectiva, sólo las entidades habilitadas (como las organizaciones de consumidores), y no los bufetes de abogados, podrán representar a grupos de consumidores y presentar demandas ante los tribunales.

Para poder interponer acciones transfronterizas ante los tribunales, las entidades habilitadas tendrán que cumplir los mismos criterios en toda la Unión Europea. Deberán ser capaces de demostrar una cierta estabilidad, que llevan a cabo una actividad pública y que carecen de ánimo de lucro. En el caso de las acciones nacionales, las entidades tendrán que cumplir los criterios establecidos en la legislación nacional.

La normativa también introduce medidas de protección contra las acciones legales abusivas mediante el principio de «quien pierde, paga», por el que las costas procesales de la parte vencedora recaen en la parte perdedora.

Para evitar el uso indebido de las acciones de representación, deberán evitarse las indemnizaciones punitivas. Las entidades habilitadas también tendrán que establecer procedimientos para evitar los conflictos de intereses y la influencia externa, en particular si están financiadas por un tercero.

Podrán entablarse acciones colectivas contra comerciantes que presuntamente hayan infringido la legislación de la Unión sobre la protección de datos, los viajes y el turismo, los servicios financieros, la energía y las telecomunicaciones, entre otros ámbitos.

Por último, la Directiva también contempla las infracciones que hayan cesado antes de que se interponga o concluya la acción de representación, ya que podría seguir siendo necesario prohibir la práctica para evitar su repetición.

El ponente Geoffroy Didier (PPE, Francia) señaló: «Hemos encontrado el equilibrio entre la protección de los consumidores y la seguridad jurídica que necesitan las empresas. En un momento en que la UE está siendo puesta a prueba, hemos demostrado que podemos ofrecer resultados y adaptarnos a la nueva realidad, protegiendo a los ciudadanos y ofreciéndoles derechos concretos en respuesta a la globalización y sus excesos».

La Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. A continuación, los Estados miembros dispondrán de veinticuatro meses para transponerla a sus legislaciones nacionales y de otros seis meses para aplicarla. Las nuevas normas se aplicarán a las acciones de representación interpuestas a partir de la fecha de aplicación de la norma.