El Lehendakari Iñigo Urkullu, acompañado de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y del Consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha dado hoy a conocer la nueva ordenación de la política financiera del Gobierno Vasco, enfocada a racionalizar los instrumentos financieros y a favorecer el desarrollo de proyectos industriales estratégicos. Se cumple de esta forma el compromiso del programa de gobierno que establecía para esta legislatura la necesidad de “poner la política fiscal y financiera al servicio del crecimiento y la solidaridad”.
En primer lugar, se establece un marco organizativo e institucional coordinado y especializado, orientado a los problemas de la empresa y no a la oferta de productos.Además, se busca responder a los fallos del mercado con un modelo de intervención razonado y eficiente, y ordenar de forma óptima los tres tipos de instrumentos de intervención -capital, garantía y préstamo- en función de las necesidades de las empresas según su tamaño y fase de desarrollo.
El sistema ofrecía ya una amplia complementariedad de actuaciones entre sus diversos agentes, a la que ahora se suma la cobertura de algunos ámbitos insuficientemente atendidos, como las estrategias de coinversión, y la eliminación de posibles solapamientos en la concesión de préstamos.
A la hora de afrontar esta reordenación, el Gobierno Vasco ha considerado necesario articular elementos que mejoren la eficiencia y coordinación del sistema financiero público en su conjunto, más allá de mejoras específicas de cada uno de los instrumentos financieros. Para ello, ha sido esencial la colaboración y coordinación entre los dos Departamentos del Gobierno y de estos con las entidades financieras y las Diputaciones Forales.
Cambios organizativos y estructurales
Una vez implantado el nuevo modelo de ordenación financiera, las decisiones de financiación que cuenten con apoyo del Gobierno Vasco se articularán sobre la base del análisis técnico previo de la operación y la empresa, que realizará el grupo SPRI, y sobre la base del análisis económico-financiero previo que realizará el IVF.
Así mismo, se establecerá un sistema de “Ventanilla Única” para la tramitación de solicitudes, análisis, validaciones y gestión financiera de las operaciones, a través de una aplicación de gestión única. De esta forma, las empresas podrán acceder de forma mucho más ágil y sencilla a las líneas de ayuda existentes y a su vez el Gobierno dispondrá de forma automática de una visión global de sus riesgos en las empresas.
El IVF desarrollará una triple misión: ostentará las participaciones financieras del Gobierno en los diversos fondos y sociedades; gestionará los instrumentos ligados a políticas del gobierno, como los anticipos reembolsables, crédito a la exportación, Sendotu, Aurrera ligado al emprendimiento y otros; y concentrará su actividad crediticia en operaciones de entre 2 y 5 millones de euros, siguiendo estrategias de coinversión con las entidades financieras.
La actividad crediticia orientada a la Pyme y con operaciones menores de 2 millones se concentrará en Luzaro, que debe experimentar un salto cuantitativo importante y que ofrecerá créditos de inversión, de consolidación y participativos en condiciones de financiación especiales que por plazo, coste y carencia aventajen a las ordinarias del mercado. Este aspecto es particularmente importante para las empresas con mayores dificultades de acceso a la financiación bancaria.
La actividad de reafianzamiento y garantías seguirá pivotando principalmente a través de la colaboración con Elkargi, con el complemento de otras ofrecidas a través de Luzaro y de la posible constitución de Fondos de Garantías Sectoriales, siguiendo ejemplos existentes.
Nuevas herramientas de financiación de capital
Otra de las propuestas más destacables de esta reordenación están en los instrumentos ligados al capital, con la creación de una nueva entidad de Capital Riesgo, que invertirá en grupos empresariales tractores, con necesidad de expansión y transformación mediante innovación e internacionalización.
Se trata de un vehículo resultado de la colaboración público-privada, con amplia mayoría de la segunda que contará con 125M/€ en 2018, y será ampliable hasta 250M/€. Junto a Gobierno Vasco y Diputaciones Forales, han confirmado su participación Kutxabank, Bankoa, MCC, Lagun Aro e Itzarri; y el resto del núcleo de lanzamiento formado por Banco Sabadell, Banco Santander, BBVA, Caja Rural de Navarra, Caixabank, Elkarkidetza y Geroa deben someter la decisión a sus respectivos órganos de gobierno, tras mostrar su voluntad de comenzar a trabajar con el Gobierno para definir y dar los pasos para poner en marcha la herramienta en 2019. Una vez completado este núcleo, se recabará participación de los inversores institucionales como el BEI y el ICO, con quienes ya se han mantenido contactos, y quedará abierta también a la incorporación de otros inversores privados.
Las aportaciones que realizarán estas entidades se situarán entre 2 y 10M/€, y las inversiones del fondo irán dirigidas a empresas con facturaciones de 50 a 250 M/€ y EBITDA de 10M/€ o mayor. La inversión máxima será del 10% en un grupo, que podrá ser tanto en capital, como en deuda convertible o préstamos participativos.
Por otro lado, la Sociedad de Capital Desarrollo SOCADE se va configurar como un instrumento público cuyo objetivo será participar con vocación de permanencia en grandes empresas, para influir en su desenvolvimiento y favorecer su arraigo. El Gobierno comprometerá una aportación de 100M/€ durante esta legislatura, en la que se incluye la primera operación realizada con este instrumento en diciembre del pasado año, con la compra del 1,24% de CAF.
Entre las novedades de esta reordenación se halla la creación de un Foro de Financiación y Participaciones Empresariales que servirá de marco de coordinación y debate sobre financiación y para la búsqueda de sinergias con otros inversores en las participaciones en empresas. Por su parte, la coordinación de la política financiera y crédito público entre el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales se seguirá realizando a través del Consejo Vasco de Promoción Económica.
